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"El conocimiento es el alimento del alma" - Platón

Definición de Constitución

Definición de Constitución

Forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. | Ley fundamental de la organización de un Estado (Dic. Acad). A. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES. Basta comparar esas dos acepciones para darse cuenta de la diferencia entre una y otra. En la primera, se parte del supuesto de que toda sociedad organizada ha de estar constituida mediante normas legales o consuetudinarias encaminadas a establecer un orden de gobierno, aunque sea autocrático, por cuanto, sin la existencia de esas normas, incluso si tienen su origen en un hecho de mera fuerza, no podría subsistir una vida en comunidad. Dejando aparte que un gobierno constituido sobre la base exclusiva de la fuerza viene a representar un desgobierno, por la inevitable lucha que se produce para ver quién es más fuerte, resulta evidente que una organización social sin normas no sería otra cosa que una anarquía, en la más amplia extensión de esa palabra. En ese sentido de la necesidad de normas, y sólo en ése, debe entenderse que las monarquías absolutas y hasta las tiranías orientales tenían una constitución; es decir, estaban constituidas orgánicamente, por lo menos para determinar la forma de designación del titular del poder, la capacidad requerida para desempeñarse como tal, el orden de sucesión. la delegación de facultades en otras autoridades, las limitaciones impuestas por la ley o por la costumbre a las atribuciones de los reyes absolutos, sin que la inexistencia de una intervención popular directa (salvo la que pudiera manifestarse revolucionariamente) sea óbice, dentro de esa interpretación, a la realidad de una Constitución, pues sólo cabe ejercer aquellos poderes autocráticos sobre una nación o un Estado constituidos. La segunda acepción es la de ley o conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización de un Estado y que tienen que ser establecidas por la nación misma, sea por votación o por aplicación, indiscutida v respetada. de la costumbre. Dichas leyes o reglas fundamentales tienen por finalidad fijar y limitar las facultades que el pueblo impone a los gobernantes que elige. Este concepto de Constitución es el que tiene su origen en las revoluciones norteamericana y francesa, y que luego siguen todos los pueblos civilizados de Europa y de América, salvo aquellos países en que se interrumpe la normalidad constitucional por períodos más o menos largos, en que el poder es detentado por gobiernos de facto o por regímenes totalitarios. Esta última realidad de usurpación de funciones no queda desvirtuada por el hecho de que algunas veces se quiera disimular la inconstitucionalidad del régimen encubriendo su verdadero contenido, dándole apariencias de una Constitución vulnerada sistemáticamente en su esencia, lo cual es inevitable, porque concentrados, abierta o encubiertamente, todos los poderes en una sola persona, en un solo grupo o en un solo partido, sus titulares se consideran única fuente de la ley y, lógicamente, superiores a ella. Por lo contrario, en los regímenes constitucionales, los poderes del Estado (y es ésa la característica de los Estados de Derecho) se encuentran separados; es decir, tienen una independencia equilibrada, porque sólo así pueden representar una garantía de respeto a los derechos individuales, a las libertades públicas y a la limitación de cada uno de esos poderes a su función específica. Todo lo expuesto se vincula con el problema de la soberanía, así como con el del origen del poder. En los regímenes constitucionales, la soberanía emana del pueblo, y sus individuos son quienes eligen y regulan su forma de gobierno, mientras que, en los regímenes autocráticos, el Estado, o más propiamente el autócrata, lo es todo, está por encima de los ciudadanos, y éstos no pasan de la categoría de súbditos. Partiendo de la segunda de las acepciones señaladas, que define la Constitución como la ley fundamental o Carta Magna (v.) de un país, es de señalar que ninguna de las leyes o normas legales que se dicten para regular aspectos concretos de la vida nacional puede estar en oposición a las normas constitucionales, so pena de nulidad, derivada precisamente de su inconstitucionalidad, porque, de otro modo, la Constitución resultaría letra muerta, y violado el principio de su supremacía. B. EL PODER CONSTITUYENTE. Las limitaciones que son impuestas al ejercicio del poder público y, por lo tanto, las garantías que tales limitaciones suponen para los derechos individuales, tanto públicos como privados, están diversamente originadas. Pueden arrancar de una autolimitación de sus atribuciones que quieran hacer el monarca o el autócrata, obedeciendo aun impulso propio -10 que es sumamente improbable, porque su tendencia es la inversa, ampliar sus facultades- o cediendo a presiones externas, como sucedió, por ejemplo, con las Cartas francesas de 1814 y 1830, con el Estatuto real español de 1834 y con el Estatuto italiano (sardo’) de 1848. También pueden tener su origen en pactos, más o menos voluntarios, celebrados entre el pueblo y un monarca que venía ejerciendo el poder con carácter absoluto o que llega a él por primera vez, como en el caso de las Constituciones de la monarquía española de 1837, 1845 y 1876, o ser directamente impuestas y sancionadas por la voluntad popular, como las españolas de 1812. 1869 v 1931: las francesas de 1791, 1848 y todas las posteriores; la belga de 1830, y las de las repúblicas americanas. La primera de las formas mencionadas, que es la relativa a la concesión graciosa del monarca, tendría, dado su origen, un carácter muy dudoso de verdadera Constitución, porque, si su nacimiento hubiera derivado de la voluntad del monarca o dictador, éstos, al menos teóricamente, podrían modificarlas a su antojo, con lo cual los derechos individuales y sus garantías no serían sino mera ficción. Por eso, las Constituciones pactadas contienen una mejor garantía, porque su índole contractual impediría, también teóricamente, que una de las partes rompiese lo pactado por su sola voluntad. Tienen, en cambio, el inconveniente de que esa forma supone el reconocimiento de dos voluntades igualmente soberanas: la del pueblo y la del monarca o autócrata, que son las dos partes contratantes, cuando lo cierto es que en una democracia verdadera el único soberano es el pueblo, a pesar de lo cual no podría modificar una Constitución que ya no lo satisficiera o que no llenase las necesidades de su época, sin recurrir a una revolución. De ahí que, en un concepto moderno, únicamente sean admisibles las Constituciones del tercer origen; o sea, las sancionadas por el pueblo en uso de un Poder constituyente que no puede ser compartido. La Constitución, en sentido formal, es el código político en que el pueblo, por medio de sus representantes, por él libremente elegidos, fija por escrito los principios fundamentales de su organización y, especialmente, los relativos alas libertades políticas del pueblo. C. ESTRUCTURA Y CLASES. En la estructura de las modernas Constituciones se hace una división en dos partes: una dogmática o material, en la que se reconocen los derechos individuales y de la ciudadanía, y otra orgánica y formal, dedicada a determinar la organización del Estado. Aun cuando no todos los autores lo aceptan, es corriente establecer esta distinción: Constituciones rígidas, que son las que sólo pueden modificarse por procedimientos especiales, distintos de los que se aplican para reformar las leyes ordinarias, y Constituciones flexibles, que son las que admiten enmiendas por el mismo procedimiento que cualquier ley ordinaria. Por eso, la modificación total o parcial de una Constitución rígida requiere la convocatoria de una Asamblea constituyente, en tanto que la modificación de una Constitución flexible se hace por el Parlamento ordinario. D. ORíGENES CONSTITUCIONALES. Si consideramos el tema desde su aspecto histórico, advertiremos que la idea constitucional es muy antigua. Aristóteles, en su Política, definía la Constitución como “el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas, y especialmente aquella que esta sobre las demás, la autoridad soberana”. Y añadía que “la Constitución determina la organización de la autoridad del Estado, la división de sus Poderes, la residencia de la soberanía y el fin de toda sociedad civil”. El antecedente remoto de las actuales Constituciones puede encontrarse en la inglesa, sistema que es adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica a raíz de su independencia, y poco después por Francia en 1791. Pero algún conocido autor afirma que la idea de una ley fundamental y escrita, con carácter de garantía, tiene raíces más antiguas, que llegan hasta la Edad Media; que lo mismo en España que en Inglaterra existían documentos calificables de constitucionales, por cuanto establecían algunas garantías individuales tendientes a impedir las extralimitaciones del Poder real. Entre esos antecedentes medioevales, por cierto de notoria importancia, cabe señalar las instituciones de Aragón. Constituciones de tipo elemental pueden ser consideradas las Cartas que contenían convenios entre el príncipe y sus vasallos o estamentos y de los cuales el más conocido ejemplo es la Carta Magna (v.). obtenida de Juan Sin Tierra en el año 1215 por los barones, eclesiásticos y laicos, en la que se establecían garantías relativas a la libertad de la Iglesia y la determinación de que los impuestos no podían ser recaudados sin el consentimiento del Consejo Común del Reino. Se concedían perpetuamente todas las libertades a todos los hombres libres de Inglaterra, así como a las ciudades, distritos, aldeas y barones el goce de sus privilegios, fueros y costumbres, y la facultad de enviar diputados al Consejo Común. Se prohibía el embargo de muebles de las personas para obligarlas por causa de su feudo a prestar más servicios que los debidos por la naturaleza. Ningún vasallo podía ser condenado a pena pecuniaria sino bajo idénticas condiciones, sin que se lo pudiera privar de sus instrumentos de trabajo. No se impondría ninguna multa si el delito no estuviera comprobado con juramento de dos vecinos honrados y de buena reputación. Nadie podría ser detenido, preso ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares, comprometiéndose el monarca a no vender, rehusar ni dilatar a nadie la administración de justicia. Se declaraba la libertad de entrada y salida del reino, excepto en tiempo de guerra. La Carta Magna, según opinan algunos autores, no hizo otra cosa que proteger libertades preexistentes, como las reconocidas en la Carta de Enrique I del 1100, en la de Esteban de 1136, en la de Enrique II de 1154 y en las Constituciones de Clarendon de 1164. E. Proceso español. La historia constitucional de España puede ser explicada en esta forma: fueros municipales. que son verdaderas Constituciones de alcance local; cortes de la Edad Media, que significaron un régimen representativo lamentablemente interrumpido por la instauración primero de la dinastía austríaca en el año 1516, y después borbónica en el año 1700, las cuales implantaron un régimen de monarquía absoluta muy distinto del tradicional español. Como en otros muchos países europeos, la reacción constitucionalista se produjo como consecuencia de la infiltración de las ideas de la Revolución francesa. Haciendo caso omiso del Estatuto de Bayona, con el que Napoleón pretendió asentar en el trono de España a su hermano José, puede afirmarse que la primera Constitución española, en el moderno sentido de esa palabra, fue la de 1812, sancionada por las Cortes de Cádiz, que mantuvo el régimen monárquico y al traidor y repudiable Fernando VII como titular de la corona, no obstante encontrarse expatriado y haberse sometido a la dominación napoleónica, mientras el pueblo derramaba su sangre en defensa de la independencia. En cuanto. terminada la lucha, Fernando VII volvió a España, lo primero que hizo fue abrogar la Constitución y restablecer el régimen absolutista, que duró hasta que la revolución de Riego, en Cabezas de San Juan, el año 1820, impuso el restablecimiento de la Constitución de 1812, aun cuando ella duró poco tiempo, pues en el año 1823 un ejército francés, que se conoció con el nombre de “Los cien mil hijos de San Luis”, invadió a España con la misión de poner fin al régimen constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el Congreso de Verona. El nuevo período absolutista duró hasta la muerte de Fernando VII en 1833. El Estatuto real de 1834 convocó a Cortes generales y organizó el Poder Legislativo. Disconformes los liberales con esa resolución, impusieron una tercera vigencia de la Constitución de 1812, que rigió hasta que las Cortes constituyentes, convocadas en 1836, sancionaron la de 1837. Con posterioridad a ella, fueron promulgadas en España las Constituciones de 1845, 1869 y la de 1876, que estuvo en vigencia, aunque violada por ej monarca en 1923, hasta la caída de la monarquía. cuando se promulgó la republicana del año 1931 y que, a su vez, terminó -de hecho, aunque puede afirmarse que no de derecho- al caer la república en 1939. F. EL CONSTITUCIONALISMO ARGENTINO. La primera manifestación argentina del Poder constituyente se encuentra, en opinión de algunos autores, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, porque allí el pueblo de Buenos Aires asume el ejercicio de la soberanía, por haber caducado la autoridad real metropolitana y la de su representante, el virrey, si bien el 25 de mayo se reitera la fidelidad a Fernando VII. La Primera Junta adopta normas de carácter constitucional, y luego la Junta integrada con los diputados de las provincias organizó el gobierno republicano, estableció la separación de Poderes e implantó el hábeas corpus. El Estatuto Provisional, el Reglamento sobre libertad de imprenta, así como los decretos del Triunvirato sobre el mismo asunto y sobre seguridad individual, todos ellos del año 1811, el Estatuto Provisorio de 1817 y las Constituciones de 1819 y 1826, pueden ser considerados como actos constituyentes, como lo son también los pactos interprovinciales encaminados a solucionar los intereses en pugna de Buenos Aires y de las provincias, y cuyo objetivo fue lograr la unidad nacional: Pacto del Pilar (23 de febrero de 1820), Tratado Cuadrilátero (15 a 25 de enero y 7 de abril de 1822) y Acuerdo de San Nicolás (31 de mayo de 1852). Sobre las Bases de Alberdi, se llega a la Constitución de 1853. que. con las reformas de 1860 (consecuencia del Pacto de San José de Flores). de 1866 v de 1898. es la que todavía rige, si bien con una nueva modificación hecha por la Asamblea constituyente de 1957. Con anterioridad a esta última reforma, en el año 1949, se elaboró y promulgó una nueva Constitución, que tuvo vida efímera, por cuanto fue abrogada en el año 1955, al caer el gobierno que la había inspirado, y se restableció la de 1853. Al hablar de la Constitución de la Argentina, no se puede silenciar que su vigencia ha sido interrumpida durante períodos de diversa duración, por los gobiernos de facto que han detentado el poder como consecuencia de los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Constitución apostólica Mandato o resolución solemne del Sumo Pontífice, de acatamiento o cumplimiento obligatorio para toda la Iglesia o para determinados fieles, según sus términos (Dic. Der. Usual). (v. BREVE, ENCíCLICA.)
 

Sinónimos de Constitución:

  • ley Constituye la ley una de las fuentes, tal vez la principal, del Derecho. En sentido amplio, se entiende por ley toda no…
  • justicia Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. | En sentido jurídico, lo que es conforme al Derecho. Este ú…
  • legislación Conjunto o cuerpo de leyes (v. LEY.) por las cuales se gobierna un Estado o se regula una materia determinada. | Tambié…
  • jurisprudencia
  • legalidad Calidad de legal (v.). | Régimen político estatuido por la ley fundamental del Estado. En este último sentido se habla …
  • estatutoAdd a Tooltip Text
  • código En la definición de la Academia, cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático. | Con menos importanc…
  • norma Regla de conducta. | Precepto. | Ley. | Criterio o patrón. | Práctica (Dic. Der. Usual). Norma fundamental Precepto fun…
  • preceptoAdd a Tooltip Text
  • disposición
  • edicto Del lat. edictum; a su vez, de edicere (proclamar, hacer público). Mandato, decreto publicado con autoridad del príncip…